Economía, Nacionales, Opinión, Trabajadores/as

El comercio desde la perspectiva del obrero.


trab-construccion_003Por: Gustavo Medina

Tribuna Popular – OPINIÓN.- Las relaciones económicas en nuestras comunidades, casi exclusivamente son de tipo comercial y se establecen físicamente en espacios donde converge en transito o en su destino gran cantidad de la población, esas relaciones predominan junto a la prestación de servicios mientras que la actividad de producción de bienes está limitada a la periferia. La clase trabajadora que se traslada diariamente a su sitio de trabajo en la periferia de las comunidades; esa a la que pertenecemos la gran mayoría y que solo poseemos fuerza de trabajo y que recibimos un salario como contra partida al desgaste físico que produce trabajar bajo relación de dependencia, es y somos una de las partes en la mencionada relación comercial.

Este es un escenario complejo de relaciones, en las que los trabajadores producto del hecho social de la relación laboral, enriquece a su patrón con el producto de su labor y a cambio reciben una cantidad de dinero determinada que le permite adquirir los bienes y servicios que requiere, configurándose ahí la contradicción principal del sistema capitalista, materializándose la explotación de la clase trabajadora. La otra parte identificada en la relación de tipo comercial, son los especuladores, especuladores en el sentido amplio de la palabra; en el entendido que sobre cualquier mercancía cuyo precio no está regulado su reventa se hace para obtener un margen de lucro. El sentido restringido de la palabra especulador esta tipificado como delito para aquellos que venden mercancías por encima del precio regulado por la autoridad competente y esa relación y el tratamiento para sus actores están previstos por la ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios.

Partiendo del hecho de que el trabajador en su relación laboral participa en la peor de las condiciones obteniendo el menor y más desproporcionado beneficio económico y que debe  relacionarse con el especulador o comerciante, en el marco de la satisfacción de sus necesidades, se debe hacer una serie de reflexiones.

Primero: la oferta de bienes, es decir la comercialización de estos, ¿quien decide la pertinencia de su introducción en el mercado? La autoridad municipal que otorga la patente de comercio y los permisos para el comercio informal; es responsable tanto de lo que se vende en los establecimientos comerciales, como de la incidencia que tiene la especulación en el salario y en la calidad de vida de los trabajadores. La actividad comercial no debe permitirse si no garantiza su factibilidad con un margen de ganancias justo, para una de las partes en esa relación como un valor de uso equiparable al precio para la otra. La carga de sustentar una empresa no puede recaer en el desmejoramiento del mas débil, así entonces el precio de la fotocopia, de la empanada o del frapé no puede fluctuar en función del estado de ganancias y perdidas del especulador, mientras que el salario del trabajador se mantiene en la mas pétrea estabilidad, es decir; si una actividad comercial no es rentable en términos racionales no debe permitirse. El comerciante deberá dedicar y destinar sus recursos económicos y financieros a otra rama de la actividad comercial o a explotar la comercialización de otras mercancías, si es que el socialismo es una política de estado que se desarrolla a nivel municipal. A nivel central de la Administración Pública instituciones como el Ministerio del Comercio dedican recursos humanos y materiales a la fomento y control de la actividad mostrando el compromiso del gobierno nacional con este sector de la economía y particularmente el Instituto para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, impulsa entre otras formas de organización, la participación popular mediante las Asociaciones para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, esta instancia del poder popular podría estar directamente asistida por el Estado si se le presentan programas, proyectos, planes de acción y defensa de los derechos de las personas.

La clase trabajadora, llámese pueblo, poder popular, obreros, profesionales y técnicos, mujeres, cultores, tercera edad, e.t.c. es decir nosotros; en las Asociaciones para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, tenemos frente a la actividad especulativa propia del actual y deformado sistema capitalista Venezolano, un bastión, una trinchera en la cual darle la batalla al comerciante abusador y especulador que hasta ahora no habían tenido un contrapeso que nivelara las relaciones comerciales en nuestra comunidad, barrio, urbanización, toda vez que el Municipio se ha mostrado  incapaz para hacerlo; cuando permite el establecimiento de comercios que solo son sustentables en detrimento del salario del trabajador y no controla su actividad posteriormente, conformándose con recibir el impuesto correspondiente. Ese sector económico de la sociedad esta liderizado por unos pocos que han logrado acumular riqueza y se han constituido en dinastías imbricadas en la comunidad con poder político a su servicio y su organización; las Cámaras de Comercio funcionan como su vocería oficial en defensa y salvaguarda de sus intereses económicos.

La ley exige para la constitución de una Asociación para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios el concurso de 25 personas como mínimo, las posibilidades de organización son variadas y como ejemplo van; desde un trabajador consciente del valor de su salario, por cada Municipio del Estado, o tres o cuatro por ejes territoriales que agrupe a varios Municipios, o en los Municipios con cuadros conscientes de su clase y mas cohesionados o con suficiente masa trabajadora podría constituirse una sola Asociación que una vez registrada en el Instituto defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios (INDEPABIS), se presente en condiciones de igualdad a defender nuestro derecho frente a la correspondiente Cámara de Comercio e inclusive tomar la vocería de nuestra clase en las instancias Municipales de poder, para entre otras facultades; informar y educar a las personas de la naturaleza de las relaciones que se encuentran ocultas tras la apariencia de abastecimiento de mercancías por parte de aparentes comerciantes altruistas y sacrificados por la comunidad. Sin dejar a un lado la función contralora sobre la Administración Pública Municipal que otorga patentes de comercio sin criterio político de conveniencia.

Sobre el tema de la especulación delictiva y las prácticas comerciales perniciosas, regulables, controlables por las autoridades municipales nos ocuparemos en una próxima oportunidad.

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