Ciudad Guayana, 22 nov. 2013, Tribuna Popular/ AVN.- «La aprobación de la Ley Habilitante para el presidente Nicolás Maduro es una buena oportunidad para que el Gobierno Nacional elabore un reglamento más estricto sobre la fijación y cobro de alquileres residenciales y comerciales en el país y especialmente en Ciudad Guayana, estado Bolívar, donde estos han subido de manera escandalosa», manifestó la vocera del Movimiento de Pobladores en la entidad, Roselys Salazar.
La también diputada del Consejo Legislativo de Bolívar por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) dijo que el tema de los alquileres debe ser colocado como prioridad en la lucha contra la guerra económica que la derecha ha declarado al pueblo venezolano.
«Esta es la oportunidad para que se revise y se actualice la Ley de Arrendamiento, que es muy general y carece de la suficiente fuerza para poner freno a los desmanes de muchos propietarios, quienes evaden las regulaciones y pretenden cobrar alquileres muy por encima del valor real del mercado, no solo a familias trabajadoras sino especialmente a comerciantes y pequeños empresarios que necesitan un espacio para montar sus unidades de negocios», añadió.
En este punto, destacó que se han recibido numerosas denuncias de parte de pequeños comerciantes arrendatarios de locales en las principales zonas comerciales de Ciudad Guayana, como es el caso del Orinokia Mall, Centro Comercial Plaza Atlántico, Centro Comercial Ciudad Alta Vista 1 y 2, y otros ubicados en su mayor parte en Puerto Ordaz (zona Oeste de la ciudad).
También existen denuncias de parte de emprendedores que alquilan espacios en plantas bajas de edificios y en minicentros comerciales ubicados en distintos puntos de esta ciudad de 850.000 habitantes.
Al respecto, señaló que el Movimiento de Pobladores considera necesario que los organismos competentes inicien de inmediato una investigación a fondo de la situación de los alquileres residenciales y comerciales en Ciudad Guayana, de manera de proceder a dictar medidas que corrijan los excesos.
«Esto beneficia a toda la colectividad, pues no solo las familias que viven en alquiler tendrían una mejor calidad de vida sino también los pequeños emprendedores tendrían mejores garantías de sustentabilidad de sus negocios y eso reduciría mucho sus gastos operativos y, por lo tanto, los precios finales de sus productos y servicios», expresó.
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