La administración de justicia no debe ser arma política

El PCV rechaza detención de Robert Ramos y Nerio Echeverría en El Vigía, y alerta sobre caso de Carlos Hernández en Portuguesa, denunciando ensañamiento, retaliación y ejercicio indebido del poder, cuando lo que debe hacerse es desarrollar espacios y mecanismos para evaluar y debatir las diferencias políticas.

Caracas, 7 ene. 2014, Tribuna Popular TP.-  No se ha avanzado lo suficiente en el desarrollo de espacios e instrumentos para el relacionamiento y la construcción de la política entre los Partidos del proceso, fundamentalmente entre los integrantes del Gran Polo Patriótico “Simón Bolívar”.

Así lo afirmó Oscar Figuera, Secretario General del Partido Comunista de Venezuela (PCV), ejemplificando esta realidad con las situaciones que se presentaron en las pasadas elecciones municipales del 8-D, “cuando en muchos municipios no fue posible construir fórmulas unitarias, porque después de la inscripción inicial de las candidaturas, no hubo posibilidad de ningún tipo de revisión colectiva de las postulaciones hechas, a fin de realizar los cambios y sustituciones que esa revisión determinase”.

“Esa situación debe ser superada, y la manera de corregirla es estableciendo mecanismos bilaterales y multilaterales que permitan la discusión y la evaluación de la realidad política, no sólo de lo electoral cuando corresponda, sino del cuadro político, social, económico, nacional que transitamos en 2013, y las perspectivas y expectativas del nuevo año”, resaltó Figuera.

El dirigente político señaló que este planteamiento es importante porque “no es aceptable de ninguna manera que las diferencias que se hayan expresado en el curso de las discusiones entre nosotros, en el curso de la pasada campaña electoral, se aborden por la vía de tomar medidas de carácter judicial o de carácter administrativo en contra de otros dirigentes, de otros voceros del movimiento popular y revolucionario”.

Figuera puntualizó: “No se corresponde con una conducta revolucionaria que las diferencias políticas, en lugar de ser debatidas, evaluadas, analizadas en profundidad dentro del marco en el cual se presentaron, sean abordadas con vías expeditas judiciales o administrativas para sancionar a quienes hayan tenido una posición distinta a determinados funcionarios y dirigentes de determinadas instituciones”.

“En esto queremos ser muy claros –expuso Figuera–, el PCV rechaza la detención del compatriota y amigo Robert Ramos, ex-alcalde del municipio Alberto Adriani (El Vigía), del Estado Mérida, y de Nerio Echeverría, ex-síndico municipal, que fueron parte de una fórmula electoral apoyada por el PCV para el 8-D, que respondía a una evaluación con distintos sectores del movimiento popular en la localidad y cuyas razones ameritan un debate político y no una represalia administrativa o de carácter judicial”.

El pasado 17 de diciembre, el ex-alcalde Robert Ramos acudió a la Fiscalía 19 del Ministerio Público en la ciudad de Mérida para comparecer ante ese despacho y aclarar las acusaciones hechas en su contra, conjuntamente con Nerio Echeverría.

Ramos, en esa oportunidad reiteró que la acusación hecha en su contra no era más que una retaliación política con un caso suscitado en el año 2010, en el Instituto Agrario Nacional (IAN), aclarando que nunca trabajó en ese instituto y que la persona que hizo la denuncia no tenía cualidad, ya que la Carta Agraria por la cual lo acusan fue revocada en 1998 y porque como Oficina Regional de Tierra, en la cual sí trabajó en ese entonces, no tenía facultad para desalojar y que los documentos de ese caso reposan en los tribunales.

Después de que Ramos se presentara a la cita, ésta quedó diferida para el 14 de enero, ya que no se hallaron basamentos jurídicos sobre la denuncia, pero el 20 de diciembre se emitió una orden de detención en contra Ramos y Echeverría por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias, lo cual fue calificado por Figuera como “acción de ensañamiento, de retaliación, de ejercicio indebido del poder por quienes ordenaron esta medida”.

Sin embargo, el ex-alcalde Ramos se puso voluntariamente a derecho ante el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial de Mérida, el 26 de diciembre.

Figuera aclaró que todavía no tienen certeza en cuanto a la identidad de quienes ordenaron esa medida, “pero la realidad es que se aplicó”.

A finales de diciembre, en el desarrollo de esta situación, las primeras declaraciones en nombre del PCV las ofreció Joaquín Uzcátegui, Secretario Político en el estado Mérida, en términos de que “estamos seguros es un acto político, un pase de factura, porque Robert se abrió de las filas del Psuv para aspirar a la Alcaldía con el PCV”, y posteriormente Perfecto Abreu Nieves, Secretario Nacional de Organización, refirió que “se trata de una represalia política por no apoyar la línea política de quienes quieren imponer una hegemonía partidista”.

Figuera resaltó que “Ramos y Echeverría no son militantes del PCV, pero para ser candidatos apoyados por el Partido fueron revisadas sus actuaciones y se pidió a las direcciones políticas correspondientes que nos entregaran cualquier información, cualquier expediente que pudieran tener que señalara elementos de actuaciones indebidas de estos compañeros. En ningún momento se nos presentó nada de esto. Y ahora ocurre la detención”.

Por ello, la Dirección Nacional del PCV asume esta denuncia, entendiendo que “es una conducta – la de quienes ordenaron este procedimiento– de prepotencia, de retaliación, que no se compadece con lo que debe ser la conducta de las y los revolucionarios”, persuadidos de que no fue una actuación autónoma del fiscal ni del juez.

Figuera también alertó sobre informaciones que les han llegado con relación al concejal Carlos Hernández, del municipio Araure, del estado Portuguesa, elegido con apoyo del PCV, “donde también se está intentando de manera amañada levantar un expediente para actuar judicialmente en su contra y desplazarlo de la concejalía que legítimamente se obtuvo, con la intención de debilitar el proceso de acumulación de fuerzas que el movimiento popular y el PCV están teniendo en el Estado Portuguesa”.

Finalmente, Figuera, en nombre del Buró Político del PCV, exhortó a las instancias políticas del proceso a que establezcan los espacios correspondientes para la evaluación de estos temas, junto con el análisis general de la situación del país, basados en que “No es correcto para las y los revolucionarios utilizar la administración de justicia como arma política para dilucidar las controversias y las diferencias políticas que existen legítimamente entre las organizaciones que integramos las fuerzas del proceso de cambios, o en el seno de alguna de ellas”.