RESCATAR LA SUPREMACÍA DEL SALARIO


salario-imag-webCaracas, 8 sep. 2016, Tribuna Popular TP. En un contexto de grandes dificultades económicas, el Gobierno trata de compensar el deterioro del ingreso real de las y los trabajadores con reiterados aumentos salariales.

El pasado 12 de agosto, el presidente Nicolás Maduro decretó un aumento de 50% para el salario mínimo y las pensiones, lo que los lleva a 22.577 Bs mensuales, y de un 135% para el bono alimentario, con lo que alcanza a 42.480 Bs.

Sumando los dos anteriores aumentos habidos este año –el vigente desde el 1 de marzo y el vigente desde el 1 de mayo– más el que ahora nos ocupa, el salario mínimo legal ha crecido nominalmen­te en 134% y la bonificación complementaria en 529%, de manera que el paquete de salario más bono se ha incrementado de 16.398 a 65.057 Bs desde el 1 de enero de 2016, un aumento combinado de 297%

Pero el Partido Comunista de Venezuela (PCV) alertó que este nuevo aumento continúa y fortalece una tendencia establecida en el primer semestre de este año –ya denunciada por el PCV (ver TP Nº 2.961 y 2.962)–, que es muy perjudicial para los intereses de la clase trabajadora y el pueblo en general.

No se trata sólo de que el monto de esos aumentos sea cada vez más insuficiente ante el severo agravamiento en los últimos años de los desequilibrios de la economía venezolana, que se expresa, por ejemplo, en la enorme infla­ción que continúa destruyendo el poder adquisitivo de la clase trabajadora.

El más grave defecto de los tres decretos de aumento habidos este año, más allá de su cuantía inmediata, es que, por sus características, términos y composición, implican en la práctica un abaratamiento de la fuerza de trabajo y un paso más hacia la precarización de las condiciones laborales en el país, además de representar un deterioro sensible de la remuneración integral de las y los trabajadores.

 

Poder de compra

Pese a que el Banco Central de Venezuela (BCV) sigue restringiendo el acceso a la información estadística, y continúa sin publicar informe alguno acerca de la inflación desde principios de año, ciertos indicadores no oficiales sugieren que el crecimiento del índice de precios podría haberse acercado a 300% desde enero hasta el cierre de junio.

De ser cierto este estimado, el nuevo paquete de salario mínimo más bono que entrará en plena vigencia el 1 de septiembre, apenas cubriría el incremento de precios habido en el primer semestre; en otras palabras, para el momento en que se haga efectivo, ya habrá sido rebasado por la inflación que se haya experimentado de julio a septiembre.

De manera que el incremento no­minal de los ingresos por efecto del reciente decreto no alcanza ni siquiera para mantener el poder de compra de los trabajadores al ya bajísimo nivel en que se encontraba al cierre del anterior semestre. Y puesto que ese aumento ni siquiera le logra seguir el paso a la inflación, mucho menos puede avanzar hacia reparar la pérdida de poder adquisitivo que ha sufrido el pueblo trabajador en los últimos años.

Recuérdese que venimos de tres años consecutivos con tasas de inflación crecientes (56,2% en 2013; 68,5% en 2014; y 180,9% en 2015), que han sido en todos los casos superiores a los respectivos aumentos salariales decretados por el Gobierno (de 45%, 64% y 97%, respectivamente). Según todas las estimaciones disponibles, esa cadena va a continuar en el futuro inmediato, pues el año en curso podría cerrar con una inflación no menor de 700%.

 

Bonificación del salario

Lo más preocupante del reciente aumento de salario y bono, es que agrava la dañina tendencia de otorgar a los trabajadores por la vía de la bonificación, ingresos superiores a los devenga­dos por la vía de los salarios básicos.

El hecho de que, en lo que va de año, el bono haya crecido unas cuatro veces más rápido que el salario, crea una gravísima distorsión en la estructura salarial nacional: lo que debería ser apenas un ingreso complementario, es ahora sustancialmente mayor que lo que debería ser el ingreso principal. Esta creciente «bonificación del salario» tiene muy severas implicaciones en la remuneración integral del pueblo trabajador.

En enero, el bono alimentario representaba un 41% de los ingresos mensuales de las y los trabajadores que perciben salario mínimo; el peso del bono creció hasta 53% del total de esos ingresos mensuales tras el decreto de aumento que entró en vigencia en marzo; volvió a crecer esta vez hasta 55% del total con el decreto vigente en mayo; y alcanzará 65,3% del total desde el 1 de septiembre cuando entre en plena vigencia el más reciente decreto presidencial (ver gráfico).

El problema reside en que los derechos y prestaciones laborales de ley, tales como los pagos de vacaciones, las utilidades anuales, las prestaciones sociales por antigüedad, y las contribuciones patronales a la caja de ahorros, el fondo de jubilaciones y el fondo de ahorro habitacional, entre otros, son calculados sobre la base del salario básico de los trabajadores, y no sobre sus ingresos mensuales.

Por lo tanto, sólo los incrementos de salario básico tienen efectos en términos de proteger la remuneración integral, y sólo ellos tienen incidencia en la construcción de los haberes patrimoniales a futuro de los trabajadores y sus familias. Los ingresos por vía del bono alimentario, por el contrario, aunque pueden significar un paliativo para las dificultades económicas inmediatas, no contribuyen en este sentido, puesto que, según el Artículo 105 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), ese bono es considerado como un «beneficio social de carácter no remunerativo», esto es, que no forma parte del salario.

El discurso gubernamental enmascara esta realidad hablando de un aumento del «salario integral mensual», cuando en realidad el grueso de ese aumento corresponde al bono alimentario, que no tiene carácter salarial ni incidencia alguna en los conceptos que forman la remuneración inte­gral de los trabajadores.

En la práctica, esto implica un abaratamiento de la fuerza de trabajo y por lo tanto un in­cremento neto de los niveles de explotación, lo que se expresa, por ejemplo, en que, debido a que la mayor parte de los ingresos mensuales del trabajador no se incluyen en la base de cálculo de las prestaciones sociales, el despido de los trabajadores resulta cada vez más barato para los patronos.

 

Algunos estimados

Sólo para obtener alguna noción del daño patrimonial que se le causa a la clase trabajadora por esta vía, puede hacerse un ejercicio de estimación de la remuneración que dejará de percibir cada trabajador del país al entrar en vigencia el decreto presidencial del 12 de agosto.

Por ejemplo, supongamos que los 65.057 Bs de ingresos mensuales que obtendrán las y los trabajadores a partir del 1 de septiembre, se distribuyeran exactamente a la inversa de lo decretado por el presidente Maduro; es decir, supongamos que el salario representase 65,3% de ese total (42.480 Bs) y el bono el 34,7% restante (22.577 Bs).

En ese caso, la parte patronal debería aportar, por cada trabajador de nuevo ingreso a salario mínimo, 4.248 Bs mensuales a la caja de ahorros (a razón de 10% del salario básico); más 850 Bs mensuales al fondo de ahorro habitacional (2%), más 2.124 Bs mensuales al fondo de jubilaciones (5%), más 21.240 Bs anuales por bono vacacional (15 días de salario básico), más 42.480 Bs anuales por utilidades o bonificación de fin de año (30 días), más 21.240 Bs trimestrales (15 días) por depósito al fideicomiso de prestaciones sociales. Esto haría un total de 235.344 Bs anuales por trabajador.

Pero al hacer ese cálculo según lo indica el decreto presidencial, el total anual sólo alcanzará a 125.145 Bs, una diferencia de más de 110.000 Bs anuales en contra del trabajador, dejando de percibir un 46,8% de lo que debería ser el monto anual por sus derechos y prestaciones laborales de ley. Y esto ocurrirá año tras año, en proporción cada vez mayor a medida que aumente la antigüedad del trabajador, con efectos acumulativos muy dañinos sobre el patrimonio personal y familiar a futuro de cada trabajador.

Es por lo tanto de la mayor importancia que la clase trabajadora exija que se restaure lo antes posible la primacía del salario como fuente fundamental de sus ingresos, ya sea por la vía de la conversión del bono alimentario en salario con todos los efectos legales del caso, o a través de una enmienda del decreto presidencial que invierta los porcentajes respectivos del bono y el salario y corrija la actual distorsión. Porque, al fin y al cabo, las y los trabajadores somos «asalariados», no «bonificados».

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