Tendencia perjudicial para los trabajadores


trab-a-salario-bono-imagCaracas, 1 dic. 2016, Tribuna Popular TP. Como ya alertó el Partido Comunista de Venezuela (PCV) en varias oportunidades a lo largo de 2016 (ver TP Nº 2.957, 2.961, 2.962, 2.965 y 2.966), los nuevos aumentos de salario mínimo y bono alimentario decretados por el presidente Maduro prolongan y fortalecen una tendencia establecida en el primer semestre de este año que resulta muy perjudicial para los intereses de la clase trabajadora y el pueblo en general.

En esta oportunidad, se trata de los aumentos vigentes desde el 1 de noviembre, de 20% para el salario mínimo, que lo eleva a 27.092 Bs mensuales, y de 50% para el bono alimentario, que lo lleva a 63.720 Bs mensuales. Sumando los cuatro aumentos habidos este año, la bonificación alimentaria ha crecido nominalmente un 844%, mientras que el salario mínimo legal ha crecido sólo un 181%.

En lo que va de año, el bono ha crecido cuatro veces más rápido que el salario. Y es justamente esta disparidad en el crecimiento de los dos tipos de ingreso lo que hay que destacar, pues, como ya se ha explicado anteriormente, implica una cada vez más grave distorsión en la estructura salarial nacional: lo que debería ser apenas un ingreso complementario, es ahora sustancialmente mayor que lo que debería ser el ingreso principal.

Como se observa en el gráfico adjunto, en enero el bono alimentario representaba un 41% de los ingresos mensuales de las y los trabajadores que perciben salario mínimo; el peso del bono creció hasta 53% del total de esos ingresos mensuales en marzo; volvió a crecer hasta 55% del total en mayo; alcanzó 65% del total en septiembre; y finalmente ha llegado a 70,2% desde el 1 de noviembre.

El problema reside en que los derechos y prestaciones laborales de ley, tales como los pagos de vacaciones, las utilidades anuales, las prestaciones sociales por antigüedad, y las contribuciones patronales a la caja de ahorros, el fondo de jubilaciones y el fondo de ahorro habitacional, entre otros, son calculados sobre la base del salario básico de los trabajadores, y no sobre sus ingresos mensuales.

Por lo tanto, sólo los incrementos de salario básico tienen efectos en términos de proteger la remuneración integral, y sólo ellos tienen incidencia en la construcción de los haberes patrimoniales a futuro de los trabajadores y sus familias. El discurso gubernamental enmascara esta realidad hablando de un aumento del «salario integral mensual», cuando en realidad el grueso de ese aumento corresponde al bono alimentario, que no tiene carácter salarial ni incidencia alguna en los conceptos que forman la remuneración inte­gral de los trabajadores.

Cuánto es el daño

Para cuantificar el daño patrimonial que se causa a la clase trabajadora, puede hacerse un ejercicio de estimación de la remuneración que está dejando de percibir cada asalariado como resultado de esta anomalía.

Suponiendo que los 90.812 Bs de ingresos mensuales que obtienen las y los trabajadores a partir del 1 de noviembre, se distribuyeran a la inversa de lo decretado por el presidente Maduro, es decir, suponiendo que el salario representase 70,2% de ese total (63.720 Bs) y el bono el 29,8% restante (27.092 Bs), sería casi exactamente la proporción entre los dos tipos de ingreso que estuvo vigente hasta mayo del año pasado.

En dicho caso, la parte patronal debería aportar, por cada trabajador de nuevo ingreso a salario mínimo, 6.372 Bs mensuales a la caja de ahorros (a razón de 10% del salario básico); más 1.274 Bs mensuales al fondo de ahorro habitacional (2%), más 3.186 Bs mensuales al fondo de jubilaciones (5%), más 31.860 Bs anuales por bono vacacional (15 días de salario básico), más 63.720 Bs anuales por utilidades o bonificación de fin de año (30 días), más 31.860 Bs trimestrales (15 días) por depósito al fideicomiso de prestaciones sociales. Esto haría un total de 353.004 Bs anuales por trabajador.

Pero al hacer ese cálculo según lo indica el decreto presidencial, el total anual aportado por el patrono sólo alcanza a 150.090 Bs, una diferencia de más de 200.000 Bs anuales en contra de cada trabajador de nuevo ingreso a salario mínimo. Y esto ocurrirá año tras año, en proporción cada vez mayor a medida que aumente la antigüedad del trabajador, con efectos acumulativos muy dañinos sobre el patrimonio personal y familiar a futuro de cada trabajador.

Es por lo tanto de la mayor importancia que la clase trabajadora exija que se restaure lo antes posible la primacía del salario como fuente fundamental de sus ingresos, ya sea por la vía de la conversión del bono alimentario en salario con todos los efectos legales del caso, o a través de una enmienda del decreto presidencial que invierta los porcentajes respectivos del bono y el salario y corrija la actual distorsión.

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