Refinanciamiento de la deuda externa


ANDRÉS VILLADIEGO. Especial para TP

Economista

 

El Gobierno nacional inició un proceso de negociación con inversionistas privados que en su oportunidad adquirieron parte de la deuda externa venezolana emitida mediante bonos soberanos y bonos de PDVSA. Según lo anunciado por voceros oficiales, se intenta lograr un acuerdo de refinanciamiento que se sume al recientemente alcanzado con Rusia por un monto de 3.150 millones de dólares, correspondientes a la deuda bilateral que se adquirió con dicho país en 2011 para la compra de armamento ruso.

Es necesario explicar en primer término que un refinanciamiento implica el canje de una deuda vieja por una nueva con condiciones de financiamiento distintas a las de la deuda original, lo cual permite a su vez diferir el vencimiento de los plazos y obtener cierta holgura en el cronograma de reembolso a los acreedores. En cambio, en el caso de una restructuración de deuda, se pueden acordar nuevos plazos para el cumplimiento y obtener periodos de gracia por varios años, pero se trata esencialmente de la misma deuda original, aunque con condiciones distintas para el cumplimiento de los pagos.

La negociación iniciada va a ser mucho más compleja que la que ocurriría en el caso de una deuda bilateral, ya que el Gobierno nacional tendrá que llegar a acuerdos con alrededor de 400 tenedores de bonos, muchos de los cuales podrán optar por iniciar un litigio contra la República si las condiciones ofrecidas por el Gobierno no satisfacen sus demandas, lo que pondría a Venezuela en una posición parecida a la de Argentina a principios del presente siglo. Por otra parte, un refinanciamiento pudiera implicar un encarecimiento significativo del crédito externo, con tasas de interés de más de 30 puntos porcentuales por encima de los estándares de financiamiento internacional, lo que comprometería todavía más el futuro financiero de la nación.

Es necesario recordar además que la mayor carga de deuda fue adquirida en el período 2007-2012, cuando la deuda con tenedores de bonos pasó de menos de 30 mil millones a más de 67 mil millones de dólares (ver gráfico anexo), con el agravante del aumento en los costos de financiamiento. Por lo anterior, es muy poco probable que los tenedores de bonos acepten tasas de rendimiento menores a las que han obtenido en los últimos años, tomando en cuenta además que Venezuela no muestra por ahora indicio alguno de recuperación económica, lo que aumenta la incertidumbre y el riesgo a futuro para los acreedores.

Hasta el momento tampoco se conocen los términos ofrecidos por cada una de las partes involucradas en el proceso de negociación, pero no se debe perder de vista el hecho de que ningún proceso de refinanciamiento ni de restructuración de deuda está exento de condiciones que van más allá de lo estrictamente financiero. Por lo general estos procesos van acompañados de programas de ajuste macroeconómico y de «asesoría técnica» por parte de organismos financieros internacionales.

El pueblo trabajador venezolano debe estar vigilante y movilizado para exigir que las condiciones del eventual acuerdo no vulneren los intereses nacionales, y para demandar la adopción de una política económica verdaderamente dirigida al desarrollo productivo, única garantía para romper la dependencia con el capital financiero internacional.

II

A lo largo de este año, desde las páginas de Tribuna Popular se ha alertado sobre el peso de los servicios de deuda externa, con el agravante de los altos costos de financiamiento y de que el cumplimiento de dichos compromisos ha generado una reducción drástica de las importaciones, ocasionando problemas de escasez en alimentos y medicinas (ver Nº 2.975 p.10, y Nº 2.981 p.6). El propio presidente Maduro ha afirmado que se han cancelado alrededor de 70 mil millones de dólares en los últimos cuatro años, lo cual es una admisión de que la política económica ha privilegiado las demandas del capital financiero internacional.

Aún peor, mientras la nación destinaba importantes recursos financieros al pago de deuda, el Gobierno no implementó de manera efectiva una política dirigida a la estabilización macroeconómica ni a la reactivación del aparato productivo, con el resultado de una situación de hiperinflación acompañada de un proceso acelerado de dolarización. Todo lo anterior afecta con mayor severidad a la clase obrera venezolana debido a la caída del ingreso real y al deterioro de las condiciones de vida resultantes. El Gobierno nacional sólo ha mostrado coherencia en materia económica en dos temas específicos, ambos de efectos muy discutibles: mantener un tipo de cambio irracionalmente bajo (DIPRO, 10 Bs/USD) y continuar con los pagos de deuda hasta la extenuación de las reservas internacionales.

 

MEDIDAS NECESARIAS

Por otra parte, la profundización de la crisis y la gestión ineficiente de la industria petrolera han propiciado una importante caída de la producción de crudo, lo que aunado a una lenta recuperación de los precios, ha causado una caída en los ingresos por concepto de las exportaciones, que dificulta aún más el cumplimiento de los compromisos de pago de la nación. Se ha llegado a una situación extrema en la cual se plantea un proceso de refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda en las peores condiciones, sin que exista además un programa claro de estabilización económica.

Un eventual acuerdo de reestructuración debe incluir una moratoria de la deuda por un plazo de al menos cuatro años que permita la recuperación económica, siempre y cuando se ejecute una política dirigida para tal fin. Es necesario recordar que la nación está comprometida con el pago de 80 mil millones de dólares en los próximos 10 años (ver gráfico anexo), garantizados parcialmente con importantes activos de la industria petrolera, razón por la cual se requiere de un complejo proceso de negociación que resulte en la preservación de la propiedad sobre la principal industria del país y que a su vez permita recuperar las condiciones de vida del pueblo trabajador.

Finalmente, todo proceso de negociación que involucra al capital financiero internacional implica las exigencias por parte de éste, de condiciones que favorezcan sus intereses; de allí la importancia de que la clase obrera venezolana enfrente decididamente cualquier política entreguista que se intente adelantar desde el Gobierno nacional, y a la vez que exija el inicio de un debate dirigido a diseñar un verdadero programa de rescate de la economía venezolana.

 

 

https://issuu.com/tribuna_popular/docs/tp_2987/10

https://issuu.com/tribuna_popular/docs/tp_2988/10

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