El PCV desmonta y denuncia la política salarial regresiva


 

…y llama a la clase obrera a unir sus fuerzas con las del pueblo trabajador de la ciudad y el campo, para la defensa de sus conquistas y por una salida revolucionaria a la crisis

 

PDF: https://prensapcv.files.wordpress.com/2018/11/pcv-desmonta-y-denuncia-politica-salarial-regresiva.pdf

 

Con fecha 11 de octubre, el ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, emitió con su firma el Memorando-Circular denominado “LINEAMIENTOS PARA SER IMPLEMENTADOS EN LAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN, CRECIMIENTO Y PROSPERIDAD ECONÓMICA”. El Partido Comunista de Venezuela (PCV), como partido revolucionario de la clase obrera y el pueblo trabajador, guiado por la teoría del socialismo científico, presenta a las y los trabajadores, al movimiento obrero y sindical clasista y al pueblo trabajador en general, una valoración crítica del mencionado documento, a objeto de desmontar sus justificaciones y premisas pretendidamente marxistas, precisando las razones políticas que llevan al Gobierno nacional a implementar dichos Lineamientos y demostrando las incongruencias con la realidad objetiva que vive la clase trabajadora y con el ordenamiento legal venezolano en materia laboral.

1.- CON RELACIÓN A SUS FUNDAMENTOS Y JUSTIFICACIONES

El documento en cuestión describe aspectos centrales de la “nueva política salarial” del Gobierno, justificándose por “las implicaciones y consecuencias en las relaciones laborales de las medidas extraordinarias correctivas” contenidas en el denominado “Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica”, por lo que insta a “contextualizar histórica y coyunturalmente dicho programa”. Dice que el nuevo salario de BsS 1.800 “adquiere una naturaleza totalmente distinta” a los precedentes porque “forma parte de un programa que nace del estudio y planificación económica que persigue racionalizar la justa distribución de la riqueza entre todos los trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público como del privado, allanando las grandes diferencias económicas que han fomentado la existencia de grupos privilegiados entre trabajadores y trabajadoras, situación que fundamenta la competencia entre los mismos como fuente del trabajo asalariado y en consecuencia, del sistema capitalista (sic)”

En primer lugar habría que preguntar ¿cuál es el “estudio y planificación económica” que ha realizado el Gobierno para determinar su “Programa” económico y qué lo lleva a dictar estos Lineamientos con relación al salario y las convenciones colectivas?  ¿Por qué no expone al país ese “estudio y planificación económica”? Es más, ¿por qué no lo ha discutido ni elaborado con la clase obrera y el pueblo trabajador, pese a reivindicarse “revolucionario” y hasta “socialista”? Llama la atención que ese “estudio y planificación” llevara al Gobierno a la conclusión de que debe “racionalizar la justa distribución de la riqueza entre todos los trabajadores y trabajadoras” (en próximos párrafos veremos qué es para el Ministerio del Trabajo esa “racionalización”), en vez de plantearse frenar el enriquecimiento excesivo de monopolios y grandes mafias de la especulación comercial y financiera que, en gran medida, son corresponsables de la crisis hiperinflacionaria.

Las decisiones que ha adoptado el Gobierno en materia económica y laboral y la manera como las implementa refuerza las dudas de que sean el resultado de “estudio y planificación”, lo que sí salta a la vista es la orientación general adoptada por el Gobierno: administrar la crisis en favor del capital y, en función de ello, desvaloriza la fuerza de trabajo.

 

Injusta distribución de la riqueza

El Gobierno dice que “persigue racionalizar la justa distribución de la riqueza entre todos los trabajadores y trabajadoras”. Pero eso no es posible. En primer lugar, porque la procura de la “justa distribución de la riqueza” tendría que plantearse, en todo caso, en términos de la distribución proporcional de la riqueza entre el capital y el trabajo. En segundo lugar, aunque es lo esencial: la ciencia del marxismo desentrañó que no existe ni es posible la justa distribución de la riqueza en el modo de producción capitalista, así como en las anteriores formaciones económico-sociales basadas en la explotación del hombre por el hombre, porque desde que se produce en la historia remota la división del trabajo, surge la propiedad y comienzan a gestarse las clases sociales, se da “la distribución desigual, tanto cuantitativa como cualitativamente, del trabajo y de sus productos” (La ideología alemana, Carlos Marx y Federico Engels, 1846).

La realidad cada vez más desigual e injusta del modo de producción capitalista (dominante en la sociedad venezolana con su particular modelo de acumulación dependiente y rentista), está determinada por su contradicción fundamental, fuente generadora de su crisis estructural: “Las crisis son ineludibles porque el carácter colectivo de la producción entra en contradicción con el carácter individual de la apropiación” (Contribución a la caracterización del romanticismo económico, V.I. Lenin, 1897).

Numerosos ideólogos burgueses, del pasado y del presente, han difundido la idea de que en el capitalismo la riqueza producida por las y los trabajadores se distribuye “por igual” cualitativamente entre los capitalistas y los asalariados, pero la claridad y contundencia del marxismo echan por tierra semejante fábula destinada a impedir que la clase obrera luche por romper sus cadenas, se haga del poder político y desmonte las relaciones capitalistas de producción.

La verdad es que, en el capitalismo, la burguesía y su Estado se apropian del producto del trabajo ajeno, es decir de la riqueza social producida por la clase obrera, mediante los mecanismos de la explotación capitalista, genialmente desentrañados por Marx con la ley del valor y el concepto de plusvalía, o sea el “plusproducto” no retribuido por el capitalista al trabajador o a la trabajadora que no tiene otra alternativa que vender su fuerza de trabajo como mercancía “sujeta a todas las vicisitudes de la competencia, a todas las fluctuaciones del mercado” (Manifiesto del Partido Comunista, C. Marx y F. Engels, 1848). La mercancía fuerza de trabajo tiene la singular propiedad de generar valor y, por tanto, es la verdadera fuente de la riqueza de toda la sociedad, pero esa riqueza es distribuida, en definitiva, de acuerdo a los intereses de la burguesía, como clase propietaria y dominante, apoyándose en su Estado como instrumento de control político de la sociedad en su conjunto.

 

¿Quiénes son los verdaderos privilegiados?

Con la nueva política salarial se plantean allanar “las grandes diferencias económicas que han fomentado la existencia de grupos privilegiados entre trabajadores y trabajadoras”. Allí hay varias cosas que desmontar.

Si bien es cierto que existieron y existen diferencias notables entre los ingresos de las y los trabajadores, dependiendo fundamentalmente de las conquistas alcanzadas mediante las convenciones colectivas, por lo que en distintos momentos se llegó a identificar “grupos privilegiados” de trabajadores por la magnitud de los beneficios logrados, esta realidad no es exclusiva de Venezuela, sino que es un fenómeno que se deriva de la fuerza de negociación que suelen tener las grandes organizaciones sindicales, además de que hay realidades objetivas propias de la división del trabajo, generadas a lo largo de la histórica en las diversas etapas del capitalismo (pre-monopolista e imperialista) y el desarrollo del intercambio de mercancías en el ámbito nacional y mundial. Pero en la Venezuela de hoy, cuando una prolongada hiperinflación sin precedentes ha precisamente desinflado los salarios, ¿puede hablarse de grupos de trabajadores privilegiados por la cuantía de sus salarios?

Obreros y obreras, médicos, enfermeras, profesores universitarios, ingenieros, técnicos de nivel superior o medio, personal que labora para el patrono Estado o para el capital privado, todos los que viven de vender su fuerza de trabajo, han sido afectados por igual, aunque ciertamente tienen –o mejor dicho, tenían– cierto alivio los beneficiados por convenciones colectivas de trabajo. Por su parte, no han sido afectados en igual magnitud los grandes y medianos capitalistas (sobre todo los propietarios de grandes empresas, porque si están en problemas simplemente cierran y se van), funcionarios que ostentan altos cargos de Estado (sobre todo los corruptos), encumbrados gerentes de empresas privadas, mafiosos de la intermediación comercial y el contrabando.

Por otra parte, ¿cómo explicarse que al momento de supuestamente buscar soluciones a los grandes problemas estructurales y coyunturales de la economía venezolana derivados de: la crisis del modelo dependiente y rentista, la caída libre de la producción, el control monopólico privado de la gran producción de alimentos y de su distribución comercial –sobre todo con el desmontaje de la red pública de distribución que había sido creada por Chávez–, la generalizada corrupción e ineficiencia burocrática en la administración de las empresas estatales, las agresiones del imperialismo y sus subalternos, el éxodo masivo de fuerza de trabajo sobre todo la especializada, entre otros, el Gobierno recurra a medidas de restricción de los salarios y abaratamiento de las convenciones colectivas, con la justificación de la existencia de “grupos privilegiados” de trabajadores?

Realmente carece de fundamento racional y objetivo calificar de “privilegios” a conquistas laborales que son el resultado de luchas históricas de la clase trabajadora, incluso con gestas heroicas del movimiento obrero venezolano, particularmente a lo largo del siglo XX, como la huelga petrolera de 1936 o las huelgas de los textileros, del magisterio, de los sidoristas, entre muchos otros sectores, en combate contra la patronal y contra las pretensiones antiobreras de los distintos gobiernos, muy especialmente contra las políticas neoliberales que se aplicaron en los años 80 y 90 del siglo pasado.

En general, esas luchas obreras se tradujeron en avances en derechos de ley o en conquistas instituidas en las convenciones colectivas, como fuentes del derecho del trabajo; tales derechos y conquistas fueron recogidas en los principios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) y son parte del acumulado histórico del movimiento obrero en su cruenta lucha contra las injusticias inherentes al sistema capitalista. Los beneficios establecidos en las convenciones colectivas son un indispensable alivio para el trabajador y su familia, particularmente ante la dura realidad social del capitalismo dependiente en crisis. En estos tiempos lo que necesita y espera la clase trabajadora no es que se le constriñan sus salarios, sino que se frene y revierta la ascendente espiral inflacionaria.

 

¿Cuál es la contradicción fundamental?

Con respecto a que “las grandes diferencias económicas (…) entre trabajadores y trabajadoras, (…) fundamenta la competencia entre los mismos como fuente del trabajo asalariado y en consecuencia, del sistema capitalista”. Encontramos aquí algo que es ya típico de algunos personeros del actual Gobierno: utilizar de forma descontextualizada e interesada algunos pasajes de textos marxistas, para arribar a conclusiones negadoras de las tesis del marxismo. Así como un emblemático ministro descubre que “es necesario crear una burguesía revolucionaria”, distorsionando la explicación del materialismo histórico acerca del papel revolucionario que le correspondió en el pasado a la burguesía en su lucha contra el feudalismo y sus reminiscencias, ahora el titular del Ministerio del Trabajo emplea a su manera el asunto de la competencia entre los trabajadores y trabajadoras, como supuesto resultado de las diferencias económicas generadas por las conquistas contractuales, pero además atribuyéndole un carácter de contradicción fundamental a resolver.

La verdad es que el marxismo analiza la competencia entre los obreros y las obreras como el resultado histórico de la división natural y social del trabajo que se produce en el proceso de formación y desarrollo del capitalismo, sobre todo en su período pre-monopolista, determinada por la necesidad de los seres humanos no poseedores de medios de producción de vender su fuerza de trabajo como única fuente de subsistencia, que se agudiza por el exceso de oferta de mano de obra con relación a la demanda existente en el mercado de trabajo (que se restringe aún más en períodos de crisis). Tal competencia se manifiesta en la procura desesperada de un empleo o de un mejor salario, lo que favorece la dominación burguesa y la desventaja del proletariado al presentarse de forma aislada y dispersa, ofreciendo su fuerza de trabajo al detal y por tanto aceptando las condiciones que impone el sistema de trabajo asalariado instaurado por el capital. En el desarrollo capitalista los obreros cada vez compiten más contra las máquinas, que tienden a desplazarlos de forma masiva de los procesos de trabajo. Obviamente la causa objetiva de la competencia entre los trabajadores y trabajadoras no es la existencia de grupos de trabajadores organizados que, en sus procesos de lucha colectiva, conquistan mejoras salariales.

Los redactores de los Lineamientos tomaron con pinzas y deformaron un enunciado del Manifiesto del Partido Comunista, al afirmar que la competencia entre los trabajadores y trabajadoras actúa como “fuente del trabajo asalariado y en consecuencia, del sistema capitalista”. Si fuese así, al suprimirse la competencia de las y los trabajadores entre sí, estaría resolviéndose la causa primigenia de la explotación capitalista. Pero en realidad el párrafo completo del Manifiesto dice: “La condición esencial de la existencia y de la dominación de la clase burguesa es la acumulación de la riqueza en manos de particulares, la formación y el acrecentamiento del capital. La condición de existencia del capital es el trabajo asalariado. El trabajo asalariado descansa exclusivamente sobre la competencia de los obreros entre sí. El progreso de la industria, del que la burguesía, incapaz de oponérsele, es agente involuntario, sustituye el aislamiento de los obreros, resultante de la competencia, por su unión revolucionaria mediante la asociación. Así, el desarrollo de la gran industria socava bajo los pies de la burguesía las bases sobre las que ésta produce y se apropia de lo producido. La burguesía produce, ante todo, sus propios sepultureros. Su hundimiento y la victoria del proletariado son igualmente inevitables.

Queda claro allí que el trabajo asalariado descansa sobre la competencia de los obreros entre sí, pero no es su fuente como lo dice el documento del Ministerio del Trabajo. Cuando se dice descansa quiere decir que tiene su asiento, se soporta, en la competencia entre las y los trabajadores. Y también el párrafo del Manifiesto aclara, como en muchos otros textos marxistas y la realidad así lo demuestra: que el progreso de la industria, es decir, el desarrollo de las fuerzas productivas, crea las condiciones para que las y los trabajadores superen su aislamiento y se unan en asociación para dar la lucha revolucionaria contra el capital. Conclusión: si el interés del Gobierno es realmente superar los niveles de competencia que puedan existir entre las y los trabajadores de nuestro país, debería fomentar el progreso de la industria, plantearse el desarrollo de las fuerzas productivas y favorecer la organización independiente del proletariado como clase revolucionaria, para que, en alianza con el campesinado y el pueblo trabajador en su conjunto, sea capaz de combatir y derrotar al sistema capitalista.

 

2.- ACERCA DE LA POLÍTICA SALARIAL QUE TRAZA EL DOCUMENTO

Desde la concepción científica del marxismo el salario es la expresión monetaria del valor (del precio) de la fuerza de trabajo vendida por el obrero asalariado al capitalista. Es un exponente de las relaciones de explotación a que los capitalistas someten a los obreros.

Muchos creen que al obrero se le paga todo el trabajo que realiza y que el salario es el precio de ese trabajo. Pero realmente no se paga toda la jornada de trabajo, sino únicamente la parte en que se reproduce lo equivalente al valor de la fuerza de trabajo; durante la otra parte, no pagada, de la jornada de trabajo, el proletario crea la plusvalía, de la que se apropia el capitalista. El valor de la fuerza de trabajo es determinado, a su vez, por el valor de los medios de vida indispensables para la subsistencia del obrero y de los miembros de su familia, para la reproducción de la fuerza de trabajo. En su afán de obtener beneficios, los capitalistas procuran disminuir el salario por debajo del valor de la fuerza de trabajo.

En Trabajo asalariado y capital (1849), Marx precisa la ley general que rige el alza y la baja del salario y la ganancia en sus relaciones mutuas: “La parte de que se apropia el capital, la ganancia, aumenta en la misma proporción en que disminuye la parte que le toca al trabajo, el salario, y viceversa. La ganancia aumenta en la medida en que disminuye el salario y disminuye en la medida en que éste aumenta.

Presentamos esas definiciones y precisiones marxistas para terminar de echar por tierra la fraudulenta pretensión de que con el salario se está haciendo justicia distributiva. Y eso lo decimos no sólo para contrarrestar los argumentos del Gobierno en favor de su “nuevo salario” como expresión de la fraudulenta “justa distribución de la riqueza”, sino también para salirle al paso a las falsas ilusiones promovidas desde el sindicalismo reformista, en sus diversas variantes, de que con los aumentos salariales –vía decisión gubernamental o vía convenciones colectivas o actas convenios– se estaría alcanzando “un salario justo” desde el punto de vista de los intereses de la clase obrera. El mejor salario posible que puede conquistarse en el capitalismo es el que permita al trabajador o trabajadora y su familia obtener los medios (bienes y servicios) necesarios para la subsistencia y el desenvolvimiento social, es decir para sostener, reponer y reproducir la fuerza de trabajo. Y esa es una lucha constante y compleja que debe dar la clase obrera, y en ese proceso desarrollar su unidad y su organización, acumulando fuerzas para dar la batalla por alcanzar el poder, destruir el sistema de explotación capitalista desde sus propios cimientos y abolir para siempre la esclavitud asalariada.

Como explica Marx en sus Manuscritos económicos y filosóficos (1844): “El salario está determinado por la lucha abierta entre capitalista y obrero. (…) El nivel mínimo de salario, y el único necesario, es lo requerido para mantener al obrero durante el trabajo y para que él pueda alimentar una familia y no se extinga la raza de los obreros.” En ese Primer Manuscrito, Marx analiza la situación de los obreros en las distintas situaciones básicas en que pueda encontrarse una sociedad capitalista y afirma que si la riqueza de la sociedad está en descenso (como nos encontramos en la Venezuela actual), el obrero sufre más que nadie, pues, aunque la clase obrera no puede ganar tanto como la de los propietarios en una situación de prosperidad, ninguna otra clase social sufre tanto en la decadencia del sistema capitalista como la clase obrera.

Cuando en los Lineamientos del Ministerio del Trabajo para las convenciones colectivas se promete una política salarial para lograr la “justa distribución de la riqueza”, están haciendo un ejercicio de máxima demagogia y de engaño al prometer lo que no pueden cumplir por la naturaleza misma de la economía capitalista, pero además, al leer los lineamientos concretos en materia de salarios y convenciones colectivas nos damos cuenta de que lo que realmente se proponen con “racionalizar” es reducir proporcionalmente los ingresos que, por tales conceptos, obtienen las y los trabajadores. Los altos funcionarios del actual Gobierno están admitiendo que para ellos lo justo es la distribución propia del capitalismo: mayores ganancias para la burguesía a costa de un menor salario para las y los trabajadores.

 

  1. SOBRE LOS PRINCIPALES LINEAMIENTOS QUE DICTA EL DOCUMENTO

El lineamiento “PRIMERO” es la conformación de una “Comisión de Control y Seguimiento de las Convenciones Colectivas de Trabajo”, para la aplicación de los lineamientos, integrada por un grupo de directores nacionales del Ministerio del Trabajo. Dicha comisión tiene el propósito de garantizar la “racionalización de los beneficios laborales tanto en el sector público como en el sector privado” para que “todos los trabajadores y trabajadoras del país gocen de la justa distribución de la riqueza”. Se reafirma la tesis absurda e ilógica de que reduciendo beneficios laborales y eliminando conquistas históricas de la clase trabajadora se estará disfrutando de la “justa distribución de la riqueza”; mientras no se tocan los intereses de la burguesía ni de las mafias que medran de la renta del Estado, empleando la corrupción y el bachaqueo corporativo como mecanismos de acumulación delictiva de capitales.

El lineamiento “SEGUNDO” establece que, para todas las discusiones de convenciones colectivas del sector público y privado, obligatoriamente y en todos los casos, el actual Salario Mínimo Nacional (SMN) será la base de “arranque del tabulador o escala salarial”, y que será revisada la convención colectiva que no lo contemple así.

Dictamen sin precedentes en el que el Ejecutivo nacional, de forma autoritaria, se inmiscuye en un asunto que corresponde a la legitima presión que puedan ejercer las y los trabajadores y sus direcciones sindicales ante los patronos, en los procesos de discusiones de las convenciones colectivas, cercenando a las organizaciones sindicales las posibilidades de conquistar escalas salariales que superen al SMN. En este lineamiento el Ministerio del Trabajo se parcializa en favor de la patronal para imponer, de entrada, un marco inflexible de limitaciones a los beneficios convencionales de carácter salarial. Además se incurre en una gran mentira cuando se sostiene que “en el nuevo Salario Mínimo se encuentra totalmente garantizado el principio de progresividad en el ingreso del trabajador o trabajadora”, porque asume falsamente que se cumple con lo establecido en el artículo 91 de la Constitución: “(…) El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. (…)”

En realidad, las expectativas positivas que generó en un primer momento el “nuevo” salario mínimo de BsS 1.800, se han desvanecido totalmente y parece que el Gobierno no se ha dado cuenta (se estima que, desde que comenzó a percibirse, el 20 de agosto, hasta la última semana de octubre, el SMN experimentó una pérdida de más del 70% en su capacidad de compra de los rubros de la cesta básica). La hiperinflación no se frena, los precios acordados (ya de por sí elevados) en general no son respetados por los comerciantes, ni que se diga de los precios de mercancías que no han sido regulados por tales acuerdos. Pero además los servicios colapsan y todo se encarece aún más. Con el actual salario mínimo es imposible que un trabajador y su familia pueda sostenerse y mucho menos elevar su calidad de vida. Por lo que, desde el PCV y el FNLCT, hemos insistido en que es necesario establecer una política salarial progresista, que prevea escala móvil de salarios con base a los índices de precios de los rubros que constituyen la canasta básica, lo que hace imprescindible que el BCV publique tales índices, tal y como lo ordena la Constitución.

Según el lineamiento “TERCERO”, las convenciones colectivas suscritas antes del “Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica”, serán sometidas a revisión si contienen beneficios salariales cuyos valores “ponen en riesgo la fuente y el proceso social de trabajo” para lo que se establecerán valores calculados en fracciones de petros. Tales revisiones se realizarán en mesas técnicas de trabajo llevadas ante el Ministerio del Trabajo, entre representantes de la patronal y de las y los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Obviamente todos los patronos alegarán que los beneficios salariales deben ser revisados y reducidos mediante fracciones de petros porque ponen en riesgo la fuente de trabajo. La burguesía siempre tiende a procurar una fuerza de trabajo barata y por tanto pobres beneficios contractuales para asegurarse mejores expectativas de ganancias, mientras que, en las empresas del Estado, en la lógica del Estado burgués para administrar la crisis, optan por bajar el precio de la fuerza de trabajo antes que asumir planes de inversión estatal, más aún si están pretendiendo atraer capitales foráneos ávidos de ganancias a bajo costos.

Con relación a las mesas técnicas de trabajo, en el caso de las empresas del Estado (como PDVSA y las empresas básicas de Guayana), éstas se instalan con una “representación sindical” integrada por quienes hacen parte de la tendencia sindical reformista subordinada absolutamente al Gobierno, además, sin ser autorizados por las y los trabajadores; incluso, se dan casos, en que los supuestos representantes sindicales ejercen o han ejercido cargos de dirección de la empresa y algunos son integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente.

En los lineamientos “CUARTO” y “QUINTO” se aplica la orientación anterior de reducción obligatoria de los beneficios salariales de las convenciones colectivas, pero precisando que “deberán ser objeto de revisión” los tabuladores y escalas salariales tanto en el sector privado (si se alega que ponen en riesgo la fuente de trabajo) como en el sector público (si dichos valores superan los establecidos en la nueva tabla salarial dictada por el Ejecutivo nacional). Eso es lo que aplicarán en las convenciones colectivas suscritas, por negociar y en proceso de negociación: tabla rasa hacia abajo de todas las escalas salariales; además del retroceso en conquistas alcanzadas a lo largo de años de lucha, como los reconocimientos a la profesionalización, mayores responsabilidades, años de servicio, jornadas más exigentes de trabajo, labores de mayor riesgo, entre otros criterios que han determinado clasificaciones y sus respectivas escalas salariales en las distintas convenciones colectivas.

Aun entendiendo las dificultades del Estado para cubrir su abultada nómina, la “solución” dirigida a imponer unilateralmente un aplanamiento y reducción de los beneficios de carácter salarial –especialmente de los tabuladores establecidos en las convenciones colectivas, teniendo como referente o más bien como camisa de fuerza al nuevo salario mínimo–, genera inevitables y legítimos rechazos. Estos lineamientos son un desestímulo al trabajo, particularmente para los profesionales y técnicos y para el personal con mayor dedicación y antigüedad en el ejercicio de su labor. Profesores, médicos, ingenieros, entre otras especialidades, que están al servicio del patrono Estado fundamentalmente, perciben que sus años de estudio, esfuerzo y dedicación de repente no valen nada.

El lineamiento “SÉPTIMO” da luz verde para que las y los patronos dejen de pagar beneficios laborales “otorgados de manera unilateral”, si estos “resultaren onerosos y de difícil cumplimiento” y “pongan en riesgo la fuente y el proceso social de trabajo”. Se sabe que estos beneficios, supuestamente otorgados por “voluntad” del patrono o patrona, en muchos casos son el resultado de reclamos y luchas que han realizado las y los trabajadores y sus organizaciones, particularmente donde no se han suscrito convenciones colectivas o éstas tienen mucho tiempo sin renovarse, produciendo un prolongado deterioro en las remuneraciones de las y los trabajadores. Los beneficios (tales como bolsas de alimentos, primas por transporte, facilidades para adquirir productos fabricados en la empresa, entre otros), recibidos de manera regular y disfrutados por largos períodos de tiempo, se convierten en usos y costumbres y en derechos adquiridos, porque constituyen una parte importante de los ingresos y remuneraciones de las y los trabajadores. Nuevamente se la ponen difícil a las y los asalariados, mientras se alivia la carga a la patronal.

Y el “OCTAVO” lineamiento, plantea “en principio”, con respecto al beneficio denominado “CestaTicket Socialista” (que pasó a ser equivalente al 10% del SMN, es decir, BsS 180), que en las convenciones colectivas donde se hayan pactado montos superiores a lo establecido, “serán revisados siempre y cuando (…) se constate que afecta de manera importante la fuente de trabajo”. Nuevamente, excesivas consideraciones para la patronal en desmedro del ingreso de las y los trabajadores, mediante la vulneración de una conquista contractual.

Es importante significar que todas esas desmejoras y supresiones de conquistas no sólo afectan al personal activo al servicio de las entidades de trabajo públicas y privadas, sino también al personal jubilado, pensionado y sobreviviente, quienes profundizarán la condición de vulnerabilidad e indefensión a los que los somete la sociedad capitalista y su colapso.

 

  1. CONCLUSIONES GENERALES

Resulta que la política salarial contenida en los Lineamientos del Ministerio del Trabajo para las convenciones colectivas, definitivamente, sí es consustancial con las orientaciones centrales de las medidas económicas del Gobierno que, ante la crisis y las presiones de la derecha internacional en representación de los intereses de los capitales imperialistas, ha optado por estimular la inversión internacional de diversos orígenes, sobre todo de sus socios estratégicos, a la vez que se propone reducir la participación del Estado en la economía, pero sin dejar de aplicar políticas de asistencia social y una serie de subsidios directos a estratos vulnerables de la población. De tal modo, se está dibujando un modelo híbrido entre liberalismo económico y keynesianismo social, por lo que se plantean reducir costos laborales abaratando las convenciones colectivas, lo que, aunado al deterioro y desmantelamiento de las empresas estatales, nos pone en alerta ante un posible plan encubierto de reprivatización de una serie de empresas públicas, lo que ya despunta con los convenios aprobados para PDVSA.

El carácter regresivo y empobrecedor de la política salarial, derivada de la orientación entreguista de las más importantes decisiones en materia económica, tiende a debilitar al trabajo y a fortalecer el papel del capital en la sociedad, fundamentalmente favoreciendo a determinados grupos monopólicos, amenazando la vigencia del derecho a convenir colectivamente la venta de la fuerza de trabajo. La clase trabajadora debe responder con una ofensiva combativa en unidad de acción clasista, para hacer retroceder tan insensata política de destrucción de los salarios y las conquistas contractuales, batiéndose por una política salarial progresiva que recupere y fortalezca el salario real: escala móvil de salarios con base a la canasta básica y sistema de control social sobre costos, precios y ganancias.

Tal ofensiva unitaria del movimiento obrero y sindical requiere plantearse además el objetivo de salir de la crisis y el colapso actual, en alianza con el movimiento campesino y el movimiento popular y comunal. En tal sentido hay que dar la batalla por un cambio profundo, revolucionario, en la política económica, bajo dirección de la clase obrera y el pueblo trabajador de la ciudad y el campo.

Los comunistas luchamos por lograr el desarrollo de las fuerzas productivas, bajo dirección del proletariado y del pueblo trabajador venezolano, como parte fundamental del Programa de Liberación Nacional en la perspectiva del triunfo de la revolución proletaria y popular para avanzar hacia la construcción del Socialismo. Tal agenda será realidad concreta y comenzará a cumplirse cuando la clase obrera y el pueblo trabajador de la ciudad y el campo conquisten el poder político y desmonten el viejo Estado burgués. Pero en lo inmediato, como programa mínimo para enfrentar la crisis, el PCV llama a la clase obrera y al pueblo trabajador en general a luchar por detener el desmantelamiento, el deterioro creciente y las intenciones de liquidación y/o privatización de las empresas del Estado, productivas y de servicios, muchas de ellas actualmente en mínimo nivel de producción o ya paralizadas en su totalidad.

Hacemos un llamado general a las y los trabajadores, a las organizaciones sindicales, delegados y delegadas de prevención, consejos de trabajadores, movimientos, colectivos laborales, corrientes clasistas y revolucionarias que actúan en el movimiento obrero y sindical, a conformar un bloque unitario y clasista, en alianza con las fuerzas combativas del campesinado y del movimiento popular y comunal, para defender y fortalecer con independencia de clase nuestros derechos, acumulando fuerzas para disputarle el poder a los representantes de las diversas tendencias burguesas y pequeñoburguesas, con la finalidad de derrotar el dominio del capital, abriéndole perspectivas ciertas a la conquista de una nueva sociedad, el Socialismo verdadero, que será preámbulo del Comunismo, la formación económico-social libre de toda forma de explotación y de opresión social.

 

ANEXOS

Artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que están siendo violentados con la política salarial que definen los Lineamientos del Ministerio del Trabajo para las convenciones colectivas:

Artículo 3. El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución.

La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines.

Artículo 19. El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen.

Artículo 25. Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.

Artículo 89. El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios:

  1. Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias.
  2. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. (…)
  3. Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad.
  4. Toda medida o acto del patrono o patrona contrario a esta Constitución es nulo y no genera efecto alguno.

(…)

Artículo 91. Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria, de conformidad con la ley.

El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento.

 

De igual modo se vulneran los siguientes artículos de la LOTTT:

Objeto de la Ley: Artículo 1º. Esta Ley tiene por objeto proteger al trabajo como hecho social y garantizar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras creadores de la riqueza socialmente producida, y sujetos protagónicos de los procesos de educación y trabajo para alcanzar los fines del Estado democrático y social de derecho y de justicia, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el pensamiento del padre de la patria Simón Bolívar.

Regula las situaciones y relaciones jurídicas derivadas del proceso de producción de bienes y servicios, protegiendo el interés supremo del trabajo como proceso liberador, indispensable para materializar los derechos de la persona humana, de las familias y del conjunto de la sociedad, mediante la justa distribución de la riqueza, para la satisfacción de las necesidades materiales, intelectuales y espirituales del pueblo.

Normas de Orden Público: Artículo 2º. Las normas contenidas en esta ley y las que deriven de ella, son de orden público y de aplicación imperativa, obligatoria e inmediata, priorizando la aplicación de los principios de justicia social, solidaridad, equidad y el respeto a los derechos humanos.

Fuentes del derecho del trabajo: Artículo 16. Las fuentes de derecho del trabajo son las siguientes:

a) La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la justicia social como principio fundacional de la República.

b) Los tratados, pactos y convenciones internacionales suscritos y ratificados por la República.

c) Las leyes laborales y los principios que las inspiran.

d) La convención colectiva de trabajo o el laudo arbitral, si fuere el caso, siempre y cuando no sean contrarias a las normas imperativas de carácter constitucional y legal.

e) Los usos y costumbres en cuanto no sean contrarias a las normas imperativas de carácter constitucional y legal.

f) La jurisprudencia en materia laboral.

g) Aplicación de la norma y la interpretación más favorable.

h) La equidad, la igualdad y el ideario Bolivariano, Zamorano y Robinsoniano.

Principios: Artículo 18. El trabajo es un hecho social y goza de protección como proceso fundamental para alcanzar los fines del Estado, la satisfacción de las necesidades materiales morales e intelectuales del pueblo y la justa distribución de la riqueza. La interpretación y aplicación de esta Ley estará orientada por los siguientes principios:

  1. La justicia social y la solidaridad.
  2. La intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales, por lo que no sufrirán desmejoras y tenderán a su progresivo desarrollo.
  3. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias.
  4. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique la renuncia o menoscabo de estos derechos.
  5. Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas o en la interpretación de una determinada norma se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad.
  6. Toda medida o acto del patrono o patrona contrario a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela o a esta Ley es nula y no genera efecto alguno.
  7. Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de edad, raza, sexo, condición social, credo o aquellas que menoscaben el derecho a la igualdad ante la ley y por cualquier otra condición.
  8. Se prohíbe el trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar en cualquier forma su desarrollo integral. El Estado los o las protegerá contra cualquier explotación económica o social.

Irrenunciabilidad de los derechos laborales: Artículo 19. En ningún caso serán renunciables los derechos contenidos en las normas y disposiciones de cualquier naturaleza y jerarquía que favorezcan a los trabajadores y a las trabajadoras.

Las transacciones y convenimientos sólo podrán realizarse al término de la relación laboral y siempre que versen sobre derechos litigiosos, dudosos o discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos.

En consecuencia, no será estimada como transacción la simple relación de derechos, aun cuando el trabajador o trabajadora hubiese declarado su conformidad con lo pactado. Los funcionarios y las funcionarias del Trabajo en sede administrativa o judicial garantizarán que la transacción no violente de forma alguna el principio constitucional de irrenunciabilidad de los derechos laborales.

Objetivo del proceso social de trabajo: Artículo 25. El proceso social de trabajo tiene como objetivo esencial, superar las formas de explotación capitalista, la producción de bienes y servicios que aseguren nuestra independencia económica, satisfagan las necesidades humanas mediante la justa distribución de la riqueza y creen las condiciones materiales, sociales y espirituales que permitan a la familia ser el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas y lograr una sociedad justa y amante de la paz, basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria de los trabajadores y las trabajadoras en los procesos de transformación social, consustanciados con el ideario bolivariano. En consecuencia, el proceso social de trabajo debe contribuir a garantizar:

  1. La independencia y la soberanía nacional, asegurando la integridad del espacio geográfico de la nación.
  2. La soberanía económica del país asimilando, creando e innovando técnicas, tecnologías y generando conocimiento científico y humanístico, en función del desarrollo del país y al servicio de la sociedad.
  3. El desarrollo humano integral para una existencia digna y provechosa de la colectividad generando fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional y crecimiento económico que permita la elevación del nivel de vida de la población.
  4. La seguridad y soberanía alimentaria sustentable.
  5. La protección del ambiente y el uso racional de los recursos naturales.

En el proceso social del trabajo se favorecerá y estimulará el diálogo social amplio, fundamentado en los valores y principios de la democracia participativa y protagónica, en la justicia social y en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad, para asegurar la plena inclusión social y el desarrollo humano integral.

Derecho a la negociación colectiva: Artículo 431. Se favorecerán armónicas relaciones colectivas entre trabajadores, trabajadoras, patronos y patronas, para la mejor protección del proceso social de trabajo y el desarrollo de la persona del trabajador o trabajadora y para alcanzar los fines esenciales del Estado.

Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a la negociación colectiva y a celebrar convenciones colectivas de trabajo sin más requisitos que lo que establezca la Ley, para establecer las condiciones conforme a las cuales se debe prestar el trabajo y los derechos y obligaciones que correspondan a cada una de las partes, con el fin de proteger el proceso social de trabajo y lograr la justa distribución de la riqueza.

Progresividad de los beneficios: Artículo 434. La convención colectiva de trabajo no podrá concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores y trabajadoras que las contenidas en los contratos de trabajo vigentes.

No obstante, podrán modificarse las condiciones de trabajo vigentes si las partes convienen en cambiar o sustituir algunas de las cláusulas establecidas, por otras, aun de distinta naturaleza, que consagren beneficios que en su conjunto sean más favorables para los trabajadores y trabajadoras.

Es condición necesaria para la aplicación de este artículo indicar en el texto de la convención, con claridad, cuáles son los beneficios sustitutivos de los contenidos en las cláusulas modificadas.

No se considerarán condiciones menos favorables el cambio de un beneficio por otro, aunque no sea de naturaleza similar, debiéndose dejar constancia de la razón del cambio o de la modificación.

 

Buró Político del Comité Central

PARTIDO COMUNISTA de VENEZUELA – PCV

Caracas, 29 de octubre de 2018.

 

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