Turbias aguas en Caracas


Por: Comité Regional «Alcides Rodríguez» del PCV en Caracas

 

Gran variedad de caóticos fenómenos han quedado en evidencia a propósito de la aguda crisis económica del capitalismo criollo, y desde el Partido Comunista de Venezuela (PCV) le damos un particular interés a aquellos vinculados a la acción estatal, debido a que aumentan las calamidades que sigue soportando el pueblo trabajador y confirman la necesidad de superar –a través de la fuerza revolucionaria obrera-campesina y popular– el carácter burgués, improvisado e ineficiente del Estado venezolano.

La gestión de los servicios públicos en Caracas es el caso más evidente de esta situación anárquica. El acceso al agua potable es un gran dolor de cabeza para el pueblo trabajador, con barrios y urbanizaciones que duran una semana sin el vital líquido, con su impacto negativo en lo económico (obligación de contratar el servicio privado de cisternas), sanitario (enfermedades por falta de higiene, en especial en sectores vulnerables como infantes, personas con discapacidad, adultos mayores), social (ausentismo laboral y estudiantil), entre otras.

Según el numeral 2, literal f, del artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal es competencia propia del municipio la gestión del servicio de agua potable, sin embargo esto no se cumple, a pesar de que la Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (LOPSAPS), del año 2002, daba un plazo de cinco años para adecuar la arquitectura administrativa que permitiera la gestión municipal del servicio de agua potable, lapso que fue prorrogado por la Asamblea Nacional en el 2007, por 5 años más. ¿Y qué ocurrió hasta el 2012? Que el Gobierno hizo caso omiso.

Así, Hidrocapital, filial de Hidroven, empresa hidrológica regional proveniente del extinto INOS (Instituto Nacional de Obras Sanitarias) –cuya ley de supresión de 1994 ya orientaba a la transferencia de competencia de gestión del servicio a las Alcaldías–, sigue prestando el servicio de agua potable a la ciudad capital –de forma cada vez más deficiente– y como ente adscrito al nuevo Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas (MPPAA).

Y si a ello le agregamos: la falta de transparencia sobre la gestión administrativa del ente nacional (estatus real del proyecto Tuy IV cuyos anuncios de culminación ya son un mal chiste; operatividad de las plantas potabilizadoras, entre otros); inexistente política de mantenimiento al sistema de distribución local; emigración de personal técnico especializado; e incapacidad de satisfacer la importación de insumos; todo esto nos permite identificar las causas reales del caos actual en la sostenida improvisación e irresponsabilidad administrativa en varios niveles estatales, y no como supuesto resultado de alguna «guerra».

Es contradictorio que la Alcaldía de Caracas convoque mesas comunitarias para abordar este problema sin que ésta sea el ente que gestiona el servicio de agua potable. Aun así, estos espacios deben servirnos para la movilización y la denuncia contra la corrupción y la ineficiencia, por la transparencia y la implementación de mecanismos directos de controlaría social sobre la gestión de los servicios públicos.

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