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Rector Roberto Picón rechaza el uso de la inhabilitación política contra candidatos a las elecciones del 21-N


Redacción TP/ Agencias. El rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) Roberto Picón rechazó el uso de la sanción de inhabilitación a candidatos a los cargos de alcaldes y gobernadores que se elegirán el próximo 21 de noviembre.

Rector del CNE Roberto Picón

“Vemos con preocupación cómo vuelve a entrar en la escena política del país el uso de la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, en tiempos en que se avecina un proceso electoral”, dijo Picón a través de un comunicado publicado en su cuenta en Twitter.

El rector se refirió a los casos de Eduardo Samán, candidato por la Alternativa Popular Revolucionaria (APR) en la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y de Leocenis García, cuyas candidaturas a la Alcaldía de Caracas fueron bloqueadas por el ente electoral.

“Los ciudadanos mencionados anunciaron su intención de ejercer su derecho político al voto al postularse a un cargo de elección popular, pero fueron sorprendidos por decisiones de última hora que no les fueron debida ni oportunamente notificadas”, agregó Picón.

El rector recordó que en el artículo 65 de la Constitución venezolana se establece que no podrán optar a un cargo de elección popular quienes hayan sido condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y que esa circunstancia prevista pretende garantizar los derechos fundamentales, como el político.

“Con tales previsiones constitucionales, se apunta a brindar la mayor garantía posible para el ejercicio de los derechos ciudadanos, sin que sufran interferencia por decisiones oportunistas en sede administrativa”, explicó en la red social.

https://twitter.com/rpiconh/status/1437540835340558337?s=19

“Las inhabilitaciones políticas practicadas en estos términos mutan en su diseño constitucional de ser penas accesorias a sanciones principales por la vía de los hechos”, expresó.

Agregó que a eso se suma “el agravante de que la sanción accesoria queda suspendida hasta el momento en el que el decisor juzgue conveniente activarla, dando a esa decisión discrecional un giro absolutamente inaceptable, por inconstitucional, cuyo efecto es incluso violatorio de los principios de supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales”.

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