COMUNIDAD, El Gallo Rojo lo dijo, LUCHAS

PCV presenta a misión de observadores de la Unión Europea un informe de las violaciones a sus derechos políticos


Informe sobre la vulneración de derechos políticos y electorales del Partido Comunista de Venezuela (PCV)

Introducción

 El presente informe tiene como objetivo presentar los casos de vulneración de derechos políticos y electorales contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley de Procesos Electorales y su reglamento, así como las normativas establecidas por el máximo órgano electoral para las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre del 2021, de la que ha sido objeto nuestra organización política, el Partido Comunista de Venezuela (PCV).

En el desarrollo del documento explicaremos los ataques contra nuestros derechos políticos mediante 1) acciones ejecutadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en abierta contradicción con la normas electorales vigentes; 2) legitimación por parte del CNE de medidas ilegales contra candidaturas del PCV adoptadas por otros órganos públicos como la Contraloría General de la República, y 3) mediante la inobservancia y omisión del CNE en el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales para hacer prevalecer las normas que garanticen la igualdad de condiciones a todos los actores políticos.

Antes, es necesario recordar que la actual composición del directorio del CNE es producto de negociaciones entre el gobierno y un sector de la oposición, el resto de partidos y organizaciones políticas fue excluido de esas conversaciones.

 En ese proceso de negociación también se establecieron las normas para el proceso eleccionario del 21N, las cuales abiertamente benefician en lo fundamental a las organizaciones políticas que participaron de estas negociaciones por encima del conjunto de Partidos Políticos que se encuentran al margen del proceso de entendimiento entre estos dos bloques políticos.

Esta situación ha generado que las bases normativas del proceso electoral se apliquen en condiciones desiguales. Es evidente que los Partidos de la alianza gubernamental y del sector de la oposición que forma parte del diálogo,  juegan con reglas diferentes al resto de las organizaciones y disfrutan de prerrogativas especiales, incluso al margen de la Ley y los procedimientos establecidos.

Un ejemplo de esto fue el proceso expedito con que el CNE autorizó la creación e inscripción de tarjetas electorales para Partidos Políticos de la alianza de gobierno y del sector de la oposición vinculado al diálogo, mientras al mismo tiempo, ignoró los procesos de solicitud de inscripción de tarjeta de otros Partidos que no participan del proceso de negociación pero que sí cumplieron con el debido proceso y lapsos de tiempo requeridos para tal fin.

El rol que cumple el CNE como ente parcializado en favor de los intereses de los Partidos y organizaciones vinculados al diálogo político excluyente, convierten al órgano electoral en vehículo para la aplicación de prácticas antidemocráticas en contra del PCV y otras fuerzas políticas independientes.

A continuación presentamos las situaciones específicas que han vulnerado los derechos políticos y democráticos de nuestra organización, candidatos y militancia:

  1. Inhabilitaciones de candidaturas del PCV

La Contraloría General de la República (CGR) de manera extemporánea y sin explicación o notificación alguna, dictó 17 inhabilitaciones políticas a personas postuladas para cargos de elección popular para los comicios del 21 de noviembre del 2021; ocho (8) de ellas se han producido en contra de candidatas y candidatos del PCV. Esto quiere decir que  47% de los casos de inhabilitación dictados por la CGR y ejecutados por el CNE fueron contra el PCV, convirtiéndonos en la organización política más afectada por estas arbitrarias e ilegales acciones.

Caso de Eduardo Samán, candidato a la Alcaldía del Municipio Libertador

En fecha 05 de septiembre 2021, faltando 40 minutos para el cierre de la fase de postulación, nuestra representante ante esta institución, Janohi Rosas, responsable de la Comisión Nacional Electoral del PCV y miembro del Buró Político, recibe mensaje de texto de parte de la Rectora Principal del CNE, Tania D´ Amelio, donde informa de una supuesta objeción a la candidatura de Eduardo Samán para la Alcaldía del Municipio Libertador de la ciudad de Caracas.

Nuestra representante procede a contactar a la Rectora Tania D´ Amelio para solicitar información de las causas de la objeción, sin lograr que los mensajes y llamadas realizadas sean respondidos. Posteriormente, procedimos a verificar en el Sistema Automatizado de Postulaciones (SAP) del CNE, el cual funciona a través del portal http://www.cne.gob.ve/web/, el estatus de la candidatura de Eduardo Samán y pudimos constatar que esta postulación  fue cambiada de ADMITIDA a ELIMINADA, bajo la siguiente descripción que mostraba el sistema: 

 Objeción: INHABILITADO PARA EJERCER FUNCIONES PÚBLICAS

Descripción: Es el procedimiento administrativo que conlleva a la suspensión temporal del elector o electora de postularse para ejercer cargos de representación popular, sin afectar el derecho a ejercer el voto.”

Está decisión que se anunció a través Sistema Automatizado de Postulaciones (SAP) del CNE, menoscaba nuestros derechos de participación política, sufragio e igualdad, en virtud de que el cronograma de postulaciones señala que la fecha para la presentación, admisión o rechazo de las postulaciones es del 9 al 29 de agosto de 2021 y la presentación de recursos en contra de la admisión o rechazo de las  postulaciones es del 9 de agosto al 3 de septiembre 2021; en este sentido, denunciamos que la objeción y eliminación de nuestra candidatura cuando los lapsos habían caducado, tiene como evidente intencionalidad violentar nuestro derecho a postular al ciudadano Eduardo Samán a la Alcaldía de Caracas.

Caso de Nerio Galbán y Miguel Vásquez

El 23 de septiembre de 2021, se aplicó este mismo mecanismo ilegal para inhabilitar las candidaturas de Nerio Galbán, candidato del PCV a la Gobernación del estado La Guaira y Miguel Vásquez, candidato del PCV a la Alcaldía de la Península de Macanao en el estado Nueva Esparta. Adicionalmente, el CNE nos impidió realizar modificaciones a la candidatura a la Gobernación del estado La Guaria con el bloqueo del usuario del PCV para el Sistema Automatizado de Postulaciones (SAP). Pese a que la normativa establecía que el lapso para las modificaciones en el SAP culminaba el día 24 de septiembre a media noche, nuestro usuario fue deliberadamente bloqueado antes de vencer el referido lapso con el fin de que no pudiéramos inscribir candidaturas para la gobernación de ese estado.

En el caso de la ilegal inhabilitación política de las candidaturas de Nerio Galban y Miguel Vásquez, el CNE incurrió en prácticas violatorias de las normativas de las que supuestamente es garante.

Una funcionaria del CNE, Aiskiel Viel, de la Junta Nacional Electoral, solicitó de manera informal al  PCV cambiar la candidatura en el estado La Guaira por una supuesta objeción contra la candidatura de Nerio Galbán por parte de la Contraloría General de la República, sin embargo el SAP nunca reflejó tal objeción. En el caso de la candidatura del Miguel Vásquez el sistema la reflejó bajo el estatus de “ELIMINADA”; un estatus inexistente en el Manual de Postulaciones.

Estos procedimientos ilegales y arbitrarios aplicados por el CNE contra el PCV dejan claro que no estamos frente a un error técnico, sino que se trata de una maniobra política dirigida a vulnerar derechos políticos y electorales de nuestra organización.

Tras la  reiterada serie de irregularidades que se han registrado durante las tres fases del calendario electoral, con el fin de manipular el Sistema Automatizado de Postulaciones (SAP) en contra candidaturas del PCV, nos vemos obligados a solicitar que se audite.  

Caso de Edgar Faneite, candidato a Alcalde del Municipio Boconoito, Estado Portuguesa

La candidatura de Edgar Faneite fue cambiada del estatus de “ADMITIDA” al de “RECHAZADA” por el sistema el 23 de octubre del 2021, mucho tiempo después de culminada la fase para las objeciones a candidaturas (4 de septiembre). La causa de la objeción es nuevamente una medida de inhabilitación por la Contraloría General de la República que tiene por fecha 3 de septiembre del 2021, precisamente un día antes de culminar la primera fase de postulaciones. Se pudo conocer que dicho oficio de inhabilitación fue consignado por la Contraloría General de la República ante el CNE el 7 de octubre del 2021 y la acción de objeción de la candidatura por parte del CNE fue adoptada el 23 de octubre.

La forma como se ejecutó el procedimiento de inhabilitación, con una medida fechada oportunamente un día antes del cierre del proceso de objeciones mediante oficio que recibió el órgano electoral 15 días después, y el hecho de que el candidato no haya sido informado en lapsos adecuados que le permitieran ejercer su defensa, consideramos que es evidencia de que estamos frente una vil maniobra política para perjudicar al PCV.

Casos de Guillermo Bernaez (Alcaldía de Cajigal- Anzoátegui), José Noguera (Alcaldía de Guanta- Anzoátegui), Carmen Saravia (Alcaldía de Brión- Miranda), y Wilfredo Rivero (Alcaldía de Cruz Salmerón Acosta- Sucre).

El 31 de octubre del 2021, se ejecutó el rechazo ilegal y arbitrario de estas cuatro (4) candidaturas del PCV. El procedimiento fue similar a los anteriores: se alegó una supuesta medida de inhabilitación emitida por la Contraloría General de la República y la acción de rechazo de las candidaturas por parte del CNE se realizó mucho tiempo después de cumplirse el lapso para objeciones y vulnerando el debido derecho de los candidatos al ejercicio de la defensa.

En ninguno de los ocho (8) casos expuestos se dio una explicación oficial que aclare el motivo de las inhabilitaciones. El CNE se limitó a informar que se trata de solicitudes de la Contraloría General de la República, la cual mantiene hasta los momentos silencio institucional frente a la solicitud de explicación exigida por el PCV y los candidatos afectados en ejercicio de sus derechos constitucionales.

Ninguno de los ocho (8) candidatos inhabilitados fue notificado ni por la Contraloría General de la República, ni por ningún órgano jurisdiccional del Estado venezolano sobre procedimiento administrativo alguno o causaen su contra; lo que configura una clara violación del debido proceso, del derecho a la defensa y un impedimento a ejercer de manera efectiva la debida tutela judicial.

Respecto a la garantía fundamental del debido proceso es importante señalar que el  Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece lo siguiente: “Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley.”

Con lo antes señalado,consideramos tenemos suficientes evidencias para sostener que se trata de una decisión injustificada y con omisión absoluta del procedimiento legalmente establecido que cercena, menoscaba y violenta nuestros derechos constitucionales a la participación política, así como el derecho a elegir libremente de las y los electores de los municipios y entidades regionales mencionadas, todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 21 (igualdad y no discriminación), 26 (Tutela Judicial Efectiva), 49 (Derecho a la Defensa y Debido Proceso), 51 (derecho de petición y oportuna y adecuada respuesta), 27 (Derecho de Amparo),  333 y 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los artículos 2, 5, 8 y 13 de la Ley Orgánica de Amparo de Derechos y Garantías Constitucionales, en concordancia con los artículos 25, numerales 18 y 21; y, 146 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

  • Acciones de persecución y amedrentamiento contra candidatos del PCV
  • Fiscales del Ministerio Público (MP)  han citado sin ninguna causa a candidatos postulados por el PCV en la localidad de Cazorla, Municipio Guayabal, estado Guárico, en acciones intimidatorias que probablemente buscan presionar  a las personas para que desistan de sus candidaturas.
  • Convocatorias y llamadas a «entrevistas amistosas» a candidatas y candidatos del PCV por parte de cuerpos de seguridad del Estado, como el FAES y el SEBIN, para que expliquen las razones de su separación del PSUV y/o de su apoyo al PCV en el Estado Táchira.
  • Amenazas directas de asesinato contra familiares si candidatas/os del PCV no renuncian a la postulación, así como agresiones físicas directas en otros casos en el Estado Lara. Esto ha sucedido sin que organismos de seguridad tomen cartas en el asunto.
  • Persecución y amenazas por parte de fuerzas policiales de la Gobernación del Estado Zulia contra  Wuyshmans González, candidato a la Alcaldía del municipio Jesús María Semprum por el PCV. 40 funcionarios policiales rodearon y tomaron su residencia como parte de las maniobras del Partido de gobierno para intimidarlo y forzarlo a renunciar a la candidatura.
  • Amenazas de muerte contra el candidato a Alcalde del PCV Rafael Ruiz para el Municipio Cristóbal Rojas en el Estado Miranda.
  • Censura comunicacional e informativa a las candidaturas del PCV

El PCV ha denunciado en reiteradas oportunidades en diversas comunicaciones y reuniones con las autoridades del ente electoral, la censura que se aplica contra el PCV en la cobertura informativa de los medios públicos y privados; el grosero ventajismo del PSUV en el uso del sistema de medios públicos y la falta de actuación del CNE para garantizar el derecho al equilibrio informativo establecido en la Ley electoral.

Contra el PCV y sus candidatos se ha aplicado de forma deliberada un cerco mediático por parte del canal de televisión del estado (VTV) y demás medios del sistema público en los últimos procesos electorales imposibilitando que podamos difundir nuestras propuestas al electorado.

El CNE hace caso omiso a esta flagrante violación a la Ley Electoral por parte del sistema de medios públicos, incumpliendo con sus competencias legales. Por si fuera poco, el Presidente del órgano electoral, Pedro Calzadilla, ha emitido unas recientes declaraciones donde asegura que el canal del Estado (VTV) cumple con el “equilibrio informativo”. Semejantes afirmaciones confirman que el CNE no solo se hace el desentendido de las denuncias que hemos formulado sobre la violación de la ley, sino que además las avala en abierta contradicción con sus atribuciones legales como árbitro electoral.

En lo que va de campaña electoral, las candidaturas del PCV no han tenido espacios en los canales de televisión pública, y ninguna de nuestras actividades de campaña han sido cubiertas por el sistema de medios públicos en abierta violación al equilibrio informativo.

  • Ventajismo y peculado de uso en la campaña electoral del Partido de gobierno

De igual forma, hemos hecho llegar a las autoridades del CNE denuncias para que ejecute acciones reguladoras frente al ventajismo y el descarado peculado de uso que cometen los candidatos del PSUV y sus aliados en su campaña electoral.

Es notorio cómo emplean recursos de las instituciones del Estado, Gobiernos Regionales, Locales y empresas públicas para impulsar la campaña de sus candidatos. Solo los candidatos del PSUV tienen acceso para surtir combustible, lo que representa un ventajismo electoral importante en medio de la grave escasez de gasolina que afecta al país.

Al igual que el caso de la censura comunicacional, el CNE hace caso omiso a las denuncias formuladas y no cumple su rol de hacer cumplir la Ley Electoral que establece muy claro el carácter ilegal de estas prácticas e impone severas sanciones a los candidatos y Partidos que incurran en ellas. 

Conclusiones

Resulta evidente que existe un incumplimiento de la Ley y normas electorales por parte del CNE, en detrimento de los derechos políticos y electorales del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y sus candidatos.

Las formas administrativas irregulares bajo las que se ha actuado para inhabilitar candidaturas del PCV, nos hacen sostener la tesis que existe un complot político contra nuestra organización donde tanto el CNE, como la Contraloría General de la República, han actuado como instrumentos ejecutores aún en contravía de sus propias atribuciones legales.

De la misma forma que se han violentado las leyes y procedimientos para ejecutar acciones contra el PCV, se ha hecho lo mismo para beneficiar al PSUV y los Partidos del sector de la oposición que participa en el diálogo,  realizando inscripciones a destiempo de tarjetas electorales o la extensión arbitraria de los lapsos, dejando al descubierto la aplicación a conveniencia de la Ley y las normas electorales por parte del CNE.

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