Caracas, 27-02-2023 (Editorial TP 3035).- El 34° aniversario de la insurrección popular conocida como El Caracazo no puede ser por estos días un mero recordatorio en la lista de efemérides del mes, sino un elemento clave para el análisis de la tragedia contemporánea que vivimos, agravada por el agotamiento del modelo rentista, las llamadas «sanciones» imperialistas y la deriva neoliberal del Gobierno de Nicolás Maduro.
El 27 de febrero de 1989 fue un punto de inflexión que puso en evidencia el quiebre definitivo del desarrollo por sustitución de importaciones que impuso el Pacto de Punto Fijo como política de acumulación. El «paquetazo» del Fondo Monetario Internacional fue la gota que derramó el vaso; el pueblo salió a las calles y supo lo que es capaz de hacer la burguesía cuando peligran sus intereses de clase. El 27-F también evidenció la necesidad de la organización popular y de un instrumento político revolucionario como condiciones necesarias para que el descontento se convierta en fuerza transformadora.
Hoy, más de tres décadas después de aquellos sucesos, el pueblo venezolano enfrenta un nuevo pacto de élites con su respectivo paquetazo, que es presentado otra vez como una promesa de salvación; pero lo cierto es que asistimos a la capitulación del Gobierno de Nicolás Maduro, que compite codo a codo con los partidos de la derecha para demostrarle al capital privado nacional y extranjero, pero fundamentalmente al estadounidense, que es una garantía para sus intereses en Venezuela.
El Gobierno de la cúpula socialdemócrata del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) se ha convertido en el gendarme que demandaba el capital para imponer el programa de ajuste antipopular. La deriva neoliberal del Gobierno va acompañada del desmontaje del Estado de derecho y de una intensificación de los rasgos autoritarios que centran su mira en la persecución de la crítica («plumas tarifadas del imperialismo», Maduro dixit), la judicialización de las protestas (como en el caso de los trabajadores de las empresas básicas), y los ataques contra el Partido Comunista de Venezuela, incluyendo amenazas de intervención administrativa o judicial y hostigamiento contra sus militantes.
Entretanto, los trabajadores de la educación y otros sectores de la Administración Pública Nacional permanecen en las calles porque se niegan a ser menos que esclavos y reclaman «salario digno ya», desafiando a las cúpulas sindicales que han claudicado frente a Fedecámaras y al Gobierno para reeditar la farsa del tripartismo. Sin embargo, la movilización de masas debe conducir a la construcción de experiencias genuinas de unidad de acción; allí está la garantía de victoria en la lucha por el derecho a vivir con dignidad.
Tribuna Popular 