Carcas,22/12/2021(Redacción TP). El Comité de Familiares y Amigos de lxs Trabajadorxs Presxs, ha solicitado públicamente al presidente Nicolás Maduro una medida de gracia para estos venezolanos judicializados por exigir el cumplimiento de sus derechos laborales y denunciar corrupción en las instituciones donde laboraban a fin de que puedan pasar una Navidad en libertad y con sus seres queridos tras reiteradas violaciones al debido proceso y maltratos.
Así lo manifestaron integrantes del Comité durante su participación en el espacio telemático “Debate Popular Revolucionario”, de la diputación de la dignidad de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR) y el Partido Comunista de Venezuela (PCV).
“Pedimos al presidente que nos escuche, así como se sienta con la oposición guarimbera y terrorista, se siente con nosotros que somos militantes revolucionarios”, dijo Iracara Chirinos del Comité por la liberación de Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos “Ante el desastre del sistema judicial corrupto y perverso acudimos para que pueda otorgar a estas personas un medida de gracia y la libertad por violación del debido proceso de la cual son víctimas. Así como libera a terroristas y guarimberos, como Freddy Guevara, que participaron en acciones donde murieron personas, y corruptos que hoy son gobernadores, diputados, alcaldes y concejales, pedimos justicia apara los trabajadores. Además alertamos que órganos militares y policiales amenazan en la familia si reclaman por sus derechos. Unidos obtendremos triunfos para que el país que retome el camino revolucionario”, afirmó Iracara Chirinos.
Por su parte, Ana Barrios, del Comité de Derechos Humanos Surgentes, e integrante del Comité de Familiares y amigos de los trabajadores presos, indicó que éstos han sido sometidos a torturas, malos tratos, violaciones del debido proceso en lo que parece ser un patrón para criminalizar y judicializar la lucha de la clase obrera por sus derechos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y en el ordenamiento legal vigente.
“El comité surgió a principios del año 2021 como producto del encuentro de los familiares en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) donde estaban recluidos los trabajadores y allí nos dimos cuenta de la existencia de similitudes y patrones muy similares en todos los casos”, explicó Barrios.
Criminalización de la lucha obrera
“Exigimos la libertad de los trabajadores, que se respete su derecho a la justicia y al debido proceso; queremos visibilizar las razones estructurales por las cuales está ocurriendo estos procesos de judicialización. Hemos observado con preocupación que hay criminalización de las luchas de los trabajadores que son llevados al sistema penal por exigir derechos y reivindicaciones laborales que están contempladas en la CRBV o por haber denunciado situaciones irregulares o de corrupción al interior de las empresas donde trabajan ya sea en el ámbito público o privado”, prosiguió la activista. “Hay un cierre de canales de diálogo o búsqueda de consenso para dirimir diferencias por la vía democrática y se ejerce el poder de forma autoritaria en situaciones en las cuales las luchas por los derechos son vistas como hechos desestabilizadores y los trabajadores terminan siendo judicializado como parte de un efecto aleccionador a otros que participan en el reclamo de sus reivindicaciones”, detalló Barrios.
“Una vez que los trabajadores son llevados al sistema penal, ocurre una vulneración sostenida del derecho a la justicia que comienza con detenciones arbitrarias sin orden judicial, con la imposibilidad de comunicarse con su defensa y familiares en los primeros momentos de la reclusión, hay trabajadores que han denunciado haber recibido torturas y malos tratos como método de presión para obligarlos a declararse culpables, un práctica lastimosa y de larga data en el país”, refirió.
“Se les acusa de terrorismo, asociación para delinquir, incitación al odio, delitos de altas penas que impiden aplicación de medidas sustitutivas; las acusaciones fiscales del Ministerio Público no tienen pruebas contundentes en los expedientes, se les somete a grave retardo procesal, diferimiento de audiencias, se les conmina a admitir hechos, a pesar de la falta de evidencia probatoria, para disminuir la pena y los trabajadores dignamente se niegan a ello”, argumentó.
“La conducta de jueces de control fuera del marco formal que dicen que no pueden hacer nada porque reciben órdenes superiores, forma parte de prácticas nefastas que es necesario erradicar y por eso exigimos la libertad plena, la reparación del estado ante la vulneración de su derecho a la justicia”, expresó Barrios.
Reparación: Deber del Estado
“El estado venezolano ha ratificado instrumentos jurídicos internacionales que establecen que cuando sus funcionarios violan los derechos humanos debe haber reparación. La medida que solicitamos al presidente Maduro, puede contribuir a que nuestro sistema penal deje de ser clasista y discriminatorio como hemos denunciado en la campaña, estas son personas pobres y excluidas que luchan por sus derechos”, aseveró.
“La campaña Navidad sin Trabajadores Presos ha enviado una carta al presidente Nicolás Maduro, solicitando la medida de un indulto que se puede aplicar desde el Ejecutivo sobre 19 trabajadores inocentes, judicializados, muchos de los cuales han acompañado el proceso revolucionario que lideró Hugo Chávez. Las denuncias de corrupción que han hecho, lejos de solventar las irregularidades, se han convertido en causas en su contra. Pedimos a todos y todas que nos sigan acompañando y nos ayuden a visibilizar estos hechos”, finalizó.
Iracara Chirinos, expuso que estos jóvenes profesionales, Aryenis y Alfredo, fueron detenidos arbitrariamente en febrero de 2020, por órdenes de la entonces recién creada Comisión de Reestructuración de la Industria Petrolera Alí Rodríguez Araque de PDVSA.
“Han padecido violaciones de derechos humanos, del debido proceso, sus expedientes están amañados y con inconsistencia de pruebas. Son trabajadores, no solo ellos, muchos del sector petrolero y otras empresas públicas que han sido utilizados como falsos positivos para encubrir actos de corrupción de altos funcionarios. Eso ha pasado en el INAC, Bolipuertos, Abastos Bicentenarios, Instituto de Transporte y también en la empresa privada como Alimex”, indicó Chirinos.
Sistema judicial clasista
“Los trabajadores presos vienen de familias de pocos recursos y están en condiciones deprimentes y en algunos casos en condiciones infrahumanas en los penales, sin acceso a la defensa privada porque no pueden costearla, obligados a una defensa pública impuesta que recibe órdenes superiores y por tanto no hacen nada por sus casos”, recalcó.
“En el caso de Aryenis y Alfredo, también fueron sometidos al escarnio público mediante los medios de comunicación gubernamentales y las redes sociales, el Fiscal General los acusó vía twitter sin pruebas. Y se ha hecho caso omiso de las denuncias de tortura física y psicológica que han recibido”, siguió explicando la activista, hermana de Alfredo Chirinos. “Recibieron beneficio de casa por cárcel gracias a la presión popular, a las organizaciones sociales y movimientos, a partidos como el PCV.
Un informe es la única prueba inconsistente que ha sido usada para mantener 5 años presos a dos trabajadores inocentes”, aseguró Chririnos. Los verdaderos culpables de los delitos que se les atribuyen están libres y bajo la protección del partido de gobierno y las mafias de la gasolina y combustible que causan sufrimiento al pueblo venezolano siguen intactas, relata la integrante del Comité. “El fiscal los condenó por las redes sociales por supuesta fuga de información a una página web de contenido público, y las gerencias que manejaban Alfredo y Argenys no manejaban esa información. En el caso de Rodney Álvarez, fue condenado a 15 años de prisión luego de 10 años
sin juicio por un delito que no cometió y la persona que sí cometió el delito está libre y gozando de pleno derecho protegido por el PSUV”, concluyó Chirinos.
Tribuna Popular 